Desde la consagración del derecho a la libertad de prensa en la Constitución de 1925, la promulgación de la Ley de Prensa en 2001, hasta un nuevo proyecto de ley en discusión en el Congreso que busca proteger a los trabajadores de las comunicaciones, Chile sigue avanzando en el fortalecimiento de este derecho fundamental.
La libertad de prensa, consagrada en el derecho a la libertad de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cumple un rol fundamental en los sistemas democráticos, tanto en la promoción de avances sociales, así como el combate a las nuevas amenazas.
Según el ránking 2024 de Reporteros sin Fronteras, que evalúa a 180 países, Chile ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en materia de libertad de prensa y 52 a nivel mundial, lo que representó un salto de 31 puestos frente a 2023. Este informe da cuenta de la situación que se vive en la región, donde en algunos casos, ejercer el periodismo implica consecuencias trágicas. Amenazas como el crimen organizado o el avance tecnológico o la desinformación, han motivado que Chile busque fortalecer en el tiempo el resguardo legal del ejercicio del periodismo.
Avances legislativos de la libertad de prensa en Chile
Fue en 1970 cuando la libertad de prensa y de expresión en nuestro país fue consagrada en la Constitución de 1925, tras una reforma al texto. Esto se expresó en: “la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley”.
Ley de seguridad interior del Estado (12.927)
Si bien este derecho quedó consagrado en la Constitución política del país, desde 1958 que existía la Ley de Seguridad Interior del Estado (12.927), la cual castigaba como delito de orden público a quienes “difamen, injurien o calumnien” a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este artículo (6b) fue derogado con la creación de la Ley de Prensa (19.733) que sería promulgada en 2001.
Durante la dictadura militar, esta Ley fue reformada para aumentar las penas y ampliar las conductas punibles, lo que provocó el encarcelamiento de periodistas. Además, el Decreto Nº 1281 permitía suspender la impresión, distribución y venta de diarios y revistas hasta por seis ediciones.
Ley de abuso a la publicidad (16.643)
Esta ley fue creada en 1967 y refería a la libertad de expresión como base para la democracia. Su artículo 1° indicaba: “La publicación de las opiniones por la imprenta, y, en general, la transmisión pública y por cualquier medio de la palabra oral o escrita, no está sujeta a autorización ni censura previa alguna”. Sin embargo, no menciona el ejercicio del periodismo. Fue derogada con la promulgación de la Ley de Prensa de 2001.
Ley de Prensa (19.733)
Fue en 1993, cuando el entonces Presidente Patricio Aylwin envió al congreso un proyecto de ley sobre “libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo”, más tarde conocida como la Ley de Prensa. Sin embargo, pasarían casi 10 años antes de que esta se materializara. La ley aborda cuestiones relativas a quiénes son reconocidos como periodistas y qué derechos les asisten. Se establece el “off the record” para periodistas y considera también elementos referidos a la industria de medios, como los requisitos que los diarios deben cumplir para funcionar y qué medidas tendientes a garantizar el pluralismo debe aplicar el Estado.
Existen otras leyes que, si bien no están dirigidas directamente a resguardar la libertad de prensa o al ejercicio del periodismo, sí contribuyen a un mayor acceso a la información para periodistas y la sociedad civil. Ejemplo de ello son la Ley de Transparencia, de 2008 o la Ley del Lobby, de 2014.
Actualmente, el Congreso está discutiendo el proyecto de ley que busca regular la protección para los periodistas y personas que trabajan en las comunicaciones. La iniciativa busca prevenir hechos de violencia en contra de trabajadores de las comunicaciones y pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad.
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